Martes 5 de octubre de 2021
La segunda en 52 años
Dr. Armando Rojano Uscanga
La explotación agrícola de carácter cooperativo es el sueño suelen intentarla los países después de una revolución o cuando apenas están en formación, como los koljoses en el antiguo sistema soviético, el kibutz o comuna agrícola israelí o el ejido mexicano. Por eso resulta extraño que Perú emprenda una reforma agraria, la segunda en el país en 52 años, pero a diferencia de ésta sin expropiaciones, como lo anunció su presidente, Pedro Castillo, que enfrenta un creciente descontento popular porque su gobierno que cumple las expectativas y por los cuestionamientos a los miembros de su gabinete, que deberá enfrentar en pocos días una moción de censura en el Congreso.
Promete que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras, ni afecta derechos de propiedad a nadie y que uno de los ejes del plan consiste en darles a agricultores y agricultoras un acceso más justo a los mercados. Incluye un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.
El gobierno estima que logrará una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a más de 2,2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar, con inversión en tecnología y en vías de comunicación. Esta fue una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista, descartando expropiar tierras, como lo hizo la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas, de allí anunciarlo el 3 de octubre, la misma fecha del 1968, la del golpe de Estado del Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.