Martes 23 de diciembre de 2025
Culpa a las multinacionales del crecimiento desmedido
Dr. Armando Rojano Uscanga
Suiza es única en democracia, pues sus ciudadanos toman las decisiones más importantes para su territorio, y la última, del 1 de diciembre es la mejor prueba, pues los suizos rechazaron en un referéndum un impuesto del 50% a las herencias más altas, para recaudar fondos para la lucha contra el cambio climático. Y el próximo verano, Suiza estará en el centro del debate migratorio europeo al confirmar la iniciativa del 6 de noviembre de 2025, del partido de derecha Unión Democrática de Centro (UDC) llamada «Suiza no a los 10 millones». Y es que la población suiza, de 9 millones, ha crecido en cinco décadas, y en la última un 10% más, que resulta muy alto comparado con el menos del 2% de la Unión Europea. La migración es el principal factor de crecimiento, pues los extranjeros representan la cuarta parte de los residentes suizos. Se culpa a las empresas multinacionales, que no encuentran suficientes empleados locales, y los impuestos relativamente bajos que han atraído a grandes empresas extranjeras como Google, IBM y Walt Disney, además de las nacionales Roche, Novartis y Nestlé, que ocupan los puestos 36, 58 y 60, respectivamente, con mayor capitalización bursátil.
Esto ha encarecido los precios de la vivienda, por ejemplo, en Zúrich, ya superan a los de Londres y París, y propicia mayores atascos y aglomeraciones en trenes y autobuses que perjudican la calidad de vida. Por eso, la Unión Democrática de Centro (UDC), presentó la idea de un límite de población en 2050, de 10 millones de habitantes, para preservar el estilo de vida suizo. Ese partico, de ideología de derecha, alcanzó el 28% de los votos en las últimas elecciones y en una encuesta del pasado 7 de diciembre, la propuesta de límite de población suiza obtuvo casi el 50% de apoyo y se ha logrado forzar la votación al reunir más de 100.000 firmas, indispensables para convocar un plebiscito, para que la población no supere los 10 millones de habitantes antes de 2050. Si los rebasa, el Consejo Federal y el parlamento activarían medidas de emergencia: suspender el derecho a traer familiares del extranjero, negar la residencia permanente o la naturalización a refugiados con admisión temporal, restringir el sistema de asilo y, renegociar o incluso terminar el Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la Unión Europea.